jueves, 6 de septiembre de 2012


¿Cual será el verdadero alcance de la reforma de la ley del aborto que prepara el PP?



 
Según el Instituto Nacional de Estadística, entre los años 2000 y 2009, cerca del 97 % de los abortos que se produjeron en España se hicieron por "salud materna", cerca del 3 % por "riesgo fetal", del orden de 0,02 % por violaciones y el resto por otros motivos. Se pueden ver con exactitud los datos oficiales en el informe anual de "Interrupución Voluntaria del Embarazo. Datos definitivos correspondientes al año 2009" del Ministerio:  http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/docs/publicacionIVEcompleto_2009.pdf 

Ante estas cifras, resultan preocupantes las declaraciones del actual ministro de justicia, en las que afirma que la futura ley del aborto volverá a un sistema de supuestos. Si bien -así lo ha indicado Gallardón- entre estos supuestos no estaría recogido el de malformación del futuro niño, sí que podría estar -al menos el Gobierno no se ha pronunciado al respecto en ningún momento- el de “riesgo para la salud psíquica para la madre”.



Si así fuera, la reforma la la ley del aborto que está preparando el PP podría ser incluso más permisiva que la actual ley.

 
Reproducimos a continuación parte de un artículo publicado recientemente por el diario "El País" en el que se reflexiona sobre dicha posibilidad. 

"Las declaraciones públicas del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, han hecho pensar a muchos que prepara la ley del aborto más restrictiva de la democracia. Las declaraciones privadas de los responsables del ministerio que están ultimando el borrador auguran, por el contrario, una ley que podría estar entre las menos restrictivas de Europa. Las claves para resolver esta contradicción están escondidas en lo que se dice, y en lo que no.

Lo primero que Gallardón ha dicho es que el feto volverá a tener derechos durante todo el embarazo —porque eso es, sostiene, lo que el Tribunal Constuticional dictó en 1985: que tanto la madre como el feto los tienen—. “Son dos sujetos con derechos; si esos derechos entran en colisión, hay que determinar qué sucede. Pero lo que no se puede es eliminar el derecho de uno de los dos”, afirma el ministro. En la práctica, esto quiere decir que se acabó la ley de plazos actual, que rige en España desde 2010 —y en la mayoría de países de la UE desde antes— y que crea un plazo (14 semanas) en el que la madre puede abortar sin alegar ningún motivo, simplemente porque es su derecho. Eso desaparecerá. Se volvería entonces a una ley de supuestos despenalizados, y para acogerse a ellos habría que alegar un motivo.

(…) la malformación o minusvalía del feto ya no será considerado un supuesto para abortar, porque eso, afirma él, es discriminar a las personas discapacitadas.

Hasta aquí, lo que Ruiz-Gallardón ha dicho en público. Luego está lo que él no ha dicho pero ha salido publicado —citando fuentes de Justicia, y nunca desmentido— en varios medios, incluido EL PAÍS: que la ley que prepara el ministro podría reducir todos los supuestos de 1985 a uno solo, el daño psicológico a la madre; y que sería la madre la que tendría la última palabra para decidir si aborta (...). Es decir, que, por ejemplo, aunque la malformación del feto desapareciera como supuesto legal, la mujer embarazada podría alegar que tener ese hijo le afecta psicológicamente, y someterse a un aborto.

Esa fórmula permitiría a Ruiz-Gallardón conciliar en la ley los dos derechos que el PP aboga por defender: el del feto y el de la madre. La mujer no tendría un derecho puro, unilateral, legal, a interrumpir su embarazo, ni en las primeras 14 semanas ni en ningún momento; pero, en última instancia, la realidad es que su decisión primaría. Habría, sobre el papel, un conflicto reconocido de derechos —y de ahí la obligación de someterse al informe de los médicos, reflexionar sobre las alternativas, etcétera—, pero resuelto en la práctica a favor de la madre.

Si esa es realmente la ley que prepara Ruiz-Gallardón se trataría, en cierto sentido, de una norma más permisiva que la actual. Porque la ley de plazos en vigor establece el aborto como un derecho de la madre en las primeras 14 semanas, pero luego ya solo permite interrumpir el embarazo por malformación del feto hasta la semana 22, y a partir de ahí ya no permite abortar (salvo por riesgo de muerte o enfermedad gravísima del feto). La nueva ley también tendría un plazo máximo, pero probablemente superior a 14 semanas (ya que muchos problemas fetales se detectan después), y la última palabra la tendría siempre la mujer. Sería casi como una ley de plazos pero con un plazo más amplio y, eso sí, con obstáculos teóricos, formales, a la libertad de la madre (...)”

Se puede ver el artículo íntegro en http://politica.elpais.com/politica/2012/08/25/actualidad/1345912112_356146.html