Cuando se pretende tomarnos el pelo con el aborto a los católicos
En la presente entrada reproducimos por su interés el
artículo del sacerdote Pedro Trevijano Etcheverria, publicado el pasado mes de
mayo por el diario digital infocatólica (http://infocatolica.com/?t=opinion&cod=17307)
“El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso
Rafael Hernando considera, en entrevista concedida a Europa Press, que no
tendría sentido que la reforma de ley del aborto que planea el Gobierno hiciera
retroceder la legislación española a los tiempos anteriores a 1983. Entonces se
aprobó la ley de supuestos que, a su juicio, «funcionó razonablemente bien» y
que es a la que se debería volver ahora, derogando la ley de plazos aprobada durante
el gobierno del PSOE”
Cuando uno lee unas declaraciones
así, uno no puede por menos de preguntarse si unos cuantos políticos no
piensan que el pueblo español en general y los católicos en particular somos
bobos. Cuando el número de abortos en España con la anterior Ley fue de 63756
en el 2000, 69.857 en el 2001, 77.104 el 2002, 79870 el 2003, pretender que
esa Ley funcionó razonablemente bien es reírse de los ciudadanos a menos que
el objetivo sea fomentar el aborto, o si quieren Vds. la interrupción
voluntaria del embarazo que es lo mismo, pero suena menos duro.
La Iglesia Católica
condena la Ley actual del 2010, pero también la anterior de 1983. El derecho a la vida es el derecho humano
fundamental, hasta el punto que todos los derechos humanos se apoyan en él. El
ser humano en cuanto ser humano está bajo la protección de Dios, no a merced de
nuestro arbitrio, y si olvidamos esto, estamos olvidando el verdadero
fundamento de los derechos humanos. No atentar contra la vida humana no
nacida sino defenderla y protegerla es no sólo un precepto cristiano, sino un
mandato humano universal.
La ley española de
1983 sobre el aborto, permitía éste por motivos de
salud (aborto terapéutico), de violación y de malformación (aborto eugenésico),
y merece desde el punto de vista cristiano muy severas críticas. Las leyes no
son justas por el hecho de haber sido aprobadas democráticamente, sino por su
adecuación a la dignidad humana. Las leyes que toleran y regulan la
violación del derecho a la vida son gravemente injustas y no deben ser
obedecidas, pues no es justo permitir que unos padres maten a su hijo.
Además la experiencia prueba que los límites legales sirven de poco, pues el
aborto se realiza de hecho sin restricciones de ningún tipo, incluso en muchos
casos que no están despenalizados. Nuestra Conferencia episcopal ha
denunciado en repetidas ocasiones esta legislación y despenalización como «gravemente
injusta y que debe ser abolida» por ejemplo el 28-VI-85, el 25-III-91 , el
17-II-00 y el 27-IV-2001.
La despenalización
del aborto en los pocos casos en que realmente corre peligro la vida de la
madre estaba ya asumida judicialmente con la eximente de extrema necesidad.
El aborto indirecto, permitido por la Iglesia, supone poner una acción en la
que se busca un efecto bueno muy importante, por ejemplo curar un cáncer de
matriz, pero la operación produce, sin buscarlo ni desearlo, la muerte del
feto. La experiencia indica que los mal llamados abortos terapéuticos se
hacen en su gran mayoría invocando razones de salud mental de la madre,
defendiendo las clínicas abortivas que el hecho que una mujer quiera abortar ya
supone un peligro para su salud psíquica si no aborta, con lo que la ley es
un coladero, que permite que el aborto sea prácticamente libre, sin ni
siquiera límite de tiempo. Además el aborto no cura ninguna enfermedad
física ni psíquica, sino por el contrario, las agrava. Incluso hay hoy más
ocasiones de peligro de muerte como consecuencia de un aborto provocado que
como consecuencia de un embarazo, sin olvidar que la medicina se
desprestigia y descalifica a sí misma cuando lo que pretende no es respetar ni
defender la vida.
El caso de
violación es el más delicado. El abortar no va
a quitar ningún dolor físico o psicológico producido por la violación, sino que
al contrario le va a agregar las complicaciones físicas o psíquicas que ya
el aborto tiene por sí. Dar la muerte a un ser humano porque su padre ha cometido
un delito, es una injusticia clamorosa. Recordemos que el embarazo por
violación es excepcional (se calcula en alrededor de uno por mil) y que en
un centro sanitario pueden emplearse métodos, como el uso de espermicidas, que
dificulten la fecundación si se realizan poco después de la violación. Pero si
el embarazo se produjera, las consecuencias de una agresión injusta no
pueden legitimar otra injusticia, de la que esta vez sí sería responsable
la madre, como sería la supresión de una vida inocente, de alguien que es hijo
suyo. Por ello las madres que aceptan y educan a estos hijos o los dan en
adopción realizan una acción admirable que Dios no puede dejar sin recompensa.
En cuanto al aborto
eugenésico la presencia de anomalías o malformaciones no priva de dignidad
humana a los que la sufren, siendo preocupante la mentalidad que considera
que las personas portadoras de estas anomalías deben ser suprimidas antes de su
nacimiento. El feto con algún defecto sigue siendo persona humana, como lo es
una persona ciega, sordomuda o paralítica y no es progreso social eliminar a
los disminuidos, sino que lo es el mejorar el modo de acogerlos y
cuidarlos. Y no olvidemos que cuando estos minusválidos pueden expresar su
opinión, están encantados de haber nacido y no suelen ser precisamente
partidarios de que les hubiesen abortado.
En resumen: estamos
ante una ley antidemocrática porque viola los derechos humanos al permitir la
muerte violenta de seres humanos inocentes y a la hora de opinar sobre
ella, no hay que olvidar este no pequeño detalle. Para la Iglesia el derecho a
la vida es una exigencia del bien común que el Estado tiene obligación de
proteger activa y eficazmente. La ley despenalizadora del aborto es una ley
inhumana y anticristiana porque atenta contra el derecho a la vida de los seres
humanos más débiles y necesitados de protección.
«La Iglesia está
llamada a manifestar nuevamente a todos, con un convencimiento más claro y
firme, su voluntad de promover con todo medio y defender contra toda insidia,
la vida humana, en cualquier condición o fase de desarrollo en que se
encuentre.
Por esto la
Iglesia condena, como ofensa grave a la dignidad humana y a la justicia, todas
aquellas actividades de los gobiernos o de otras autoridades públicas, que
tratan de limitar de cualquier modo la libertad de los esposos en la decisión
sobre los hijos. Por consiguiente, hay que condenar totalmente y rechazar
con energía cualquier violencia ejercida por tales autoridades en favor del
anticoncepcionismo e incluso de la esterilización y del aborto procurado. Al
mismo tiempo, hay que rechazar como gravemente injusto el hecho que, en
las relaciones internacionales, la ayuda económica concedida para la
promoción de los pueblos esté condicionada a programas de anticoncepcionismo,
esterilización y aborto procurado»( Exhortación de Juan Pablo II Familiaris
Consortio, nº 30).
Y como se ha
afirmado que la Iglesia sólo protestaba contra el aborto con gobiernos del PSOE,
pero no del PP, he aquí la lista de las intervenciones de la Conferencia
Episcopal Española o sus organismos, sobre el aborto durante el gobierno
de Aznar: Comisión Permanente «El aborto con píldora también es un crimen»(18-VI-98),
Comité Ejecutivo «Licencia aún más amplia para matar a los hijos. Declaración»(13-IX-98),
Comisión Permanente «Con la píldora también se mata. Nota»(21-X-98),
Comisión Permanente «Nota con motivo de la autorización de la píldora RU 486»(17-II-00),
Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida «Sobre la píldora
del día siguiente. Nota»(12-XII-00), Asamblea Plenaria «La ‘píldora del
día siguiente’, nueva amenaza contra la vida. Exhortación»(27-IV-01).
